sábado, 16 de abril de 2016

Austeridad y Refugiados



Han pasado cuatro años desde que jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea firmaron el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza o TECG. Aquel gran acuerdo se producía en el marco de una Unión económicamente agónica, como resultado de la crisis financiera de 2008. Ese fue el inicio de la unión fiscal, de lo que conocemos comúnmente como austeridad. Las actuales turbulencias deberían llamar nuestra atención sobre las consecuencias de una política presupuestaria, que podríamos calificar de distópica. 

Atender necesidades extraordinarias, y por otro lado inaplazables, exige el desembolso de una cantidad adicional de dinero que rompe necesariamente el principio de la disciplina fiscal. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, prometió a finales de 2015 excluir del cómputo de déficit los gastos derivados del auxilio a los refugiados. De esta medida extraemos una preocupante conclusión: los recortes sistemáticos son incompatibles con la defensa de los Derechos Humanos. Todos reconocemos la vigencia de textos fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sin embargo, la puesta en práctica de estos principios requiere una fuerte inversión. Empezamos a tomar verdadera conciencia de ello cuando en 2001, al calor de la Directiva de aquel mismo año, creamos un Fondo Europeo para los Refugiados. Es fácil adivinar que dicha previsión se ha visto desbordada. Antes de firmar los primeros acuerdos con Turquía, Europa necesitaba encontrar 2.300 millones de euros para poder dar cumplimiento a sus obligaciones humanitarias. El último plan económico del que tenemos noticia está dotado de 700 millones de euros, fue creado por la Comisión Europea y debe ejecutarse hasta 2018. No obstante, estas cantidades quedan muy por debajo de los 6.000 millones comprometidos con Turquía.

Necesitamos revisar nuestros horizontes presupuestarios, hacerlos más flexibles, más realistas, pues las crisis migratorias no se pueden prever ni tampoco ignorar. Pensemos por un momento en Grecia, un país enfermo que había hecho del gasto público excesivo uno de sus pilares económicos, y que desde 2010 es objeto de rescates nocivos. Los despidos de funcionarios, la bajada de salarios y pensiones, la destrucción de empleo y las privatizaciones forzosas que hoy se siguen sucediendo, nos hablan de un Estado absolutamente replegado, maniatado para poder tomar iniciativas que vayan más allá del pago de su deuda. En tales circunstancias, ¿Cómo atender adecuadamente a los refugiados que llegan a Lesbos, Samos, Quios, Leros y Kos? ¿Con qué clase de fondos se podría evitar el hacinamiento de Idomeni o del puerto del Pireo? A pesar de todo el austericidio sigue su propio camino, la reciente propuesta de elevar el IVA griego del 23% al 24% se hace para satisfacer una nueva exigencia del FMI no de ACNUR. En resumidas cuentas, un país cuya deuda pública podría alcanzar el 200% de su PIB en 2017 pierde toda capacidad de atender las necesidades básicas. Ni siquiera la participación de la OTAN en la patrulla del Egeo, ha sido incapaz de conseguir que hasta 1.600 personas llegasen en un solo día a Grecia. Con todo lo que hemos visto ¿Qué sentido tiene seguir presionando las economías de los países receptores?.

El reconocimiento de un derecho conlleva la responsabilidad material de llevarlo a cabo, y debe ser una obligación tan vinculante como la de cualquier tratado europeo. La globalización no sólo permite mover capitales a grandes distancias, incluida Panamá, sino que atrae con la misma facilidad a víctimas de incontables injusticias. De un tiempo a esta parte, Siria, Irak, e incluso Afganistán han dejado de ser lugares remotos. Así, la disponibilidad de fondos es una condición esencial para reforzar nuestra aspiración de sociedades libres y solidarias. No puedo sino sentir envidia con la efectividad con la que Canadá ha podido financiar la acogida de 25.000 refugiados. Sus condiciones de partida son diferentes, de acuerdo, pero después de todas las recetas que venimos aplicando desde 2011 y 2012, deberíamos haber conseguido un futuro mejor, no solo para nosotros mismos sino para los que recurren a nuestra protección.

(*) Jaime Aznar Auzmendi. Voluntario del Paris 365. Historiador y analista.

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