miércoles, 28 de octubre de 2015

El Cambio


El 2015 se presenta como un año de cambios. Cambio de partidos en el gobierno, tanto en Navarra como en el Ayuntamiento de Pamplona, que a tenor del acuerdo programático que sustentan tales gobiernos, puede suponer también un cambio en lo social. Aunque es pronto para hacer valoraciones, creemos pertinente hacer una reflexión sobre lo que esos posibles cambios suponen para las personas y familias empobrecidas, en riesgo o situación de exclusión social, que actualmente atienden organizaciones como la nuestra y nuestro papel en este nuevo contexto.

En primer lugar y por el impacto que puede tener en un porcentaje importante de la población, está la reforma de la Renta de Inclusión Social (RIS), antigua Renta Básica, para ampliar su cobertura. Esta reforma, anunciada como medida urgente y que está en espera de iniciar su tramitación, modificaría ciertos requisitos de acceso y de mantenimiento de la misma, de forma que una parte de la población actualmente excluida podría percibirla y sin que se viera menguada su importe por el paso del tiempo. Es de esperar que una parte de la población que actualmente atendemos, ya no requiera nuestra intervención porque estaría cubierta por la RIS. No obstante, la cuestión es más compleja, porque aunque la ayuda se equipare al Salario Mínimo Interprofesional y se incremente hasta un tope según número de miembros que componen la unidad familiar, dado el coste de vida en Navarra esta población seguirá teniendo problemas para cubrir adecuadamente sus necesidades, sino van acompañadas de otras ayudas económicas e intervención social. Evidentemente, aunque se amplíe su cobertura, quedará una franja de la población sin acceder a ella, ya que no es de carácter universal y vista la situación en otros países, nos encontramos frente a la llegada constante de personas refugiadas económicas o de carácter humanitario.

En segundo lugar y tan importante como el primer aspecto son las cuestiones relacionadas con el mercado laboral. Si bien la legislación laboral es de carácter estatal y parece que estamos sometidos a condicionantes macroeconómicos que lo determinan todo, creemos que en Navarra hay margen de maniobra para que se cree empleo y que este sea de calidad. En ese sentido, nos preocupa que el acento se ponga sólo en las ayudas sociales y no en el empleo, por varias razones. Primero porque la “normalización” de la situación de las personas pasa porque tengan un empleo de calidad, segunda, porque se puede haber un efecto perverso en el cual potenciemos una sociedad dual, en la que hay personas que trabajan y otras que sólo tienen la posibilidad de vivir de las ayudas aunque deseen y puedan trabajar, y tercera, porque, nos encontramos ya  ante una clase trabajadora empobrecida, que legítimamente podría reclamar esa ayuda social, pero que si le concede, terminaría generándose el efecto perverso de que con dinero público se termine potenciando dicha precariedad.

Sólo estos dos aspectos dan cuenta de la complejidad de la situación, que a nuestro modo de ver requiere que haya un cambio de modelo que vaya más allá de una determinada ayuda o de incentivos para el empleo. Con la creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales que incluye tanto políticas sociales como empleo y vivienda se advierte, al menos, la intención de abordar estas cuestiones con una visión de conjunto y de futuro. No obstante, esa intención deberá plasmarse en unas políticas y acciones claras en esa dirección, además de medios humanos, técnicos y económicos que esperamos ver reflejados en los próximos presupuestos, de lo contrario sería una quimera. 

En este contexto  nos preguntamos, cuál es el papel de las organizaciones como el Paris 365?, seguimos creyendo que los gobiernos no pueden eludir su responsabilidad de proveer a la sociedad de servicios públicos de calidad (salud, educación, vivienda, servicios sociales, culturales …) y de legislar o hacer otro tipo de intervención para garantizar el bienestar social de toda la población que reside en su territorio. Sin embargo, esto no significa que la sociedad civil no se implique en la solución de los problemas sociales. En nuestro caso, llevamos casi siete años actuando, en la medida de nuestras posibilidades, allí donde los poderes públicos no habían llegado o lo hacían insuficientemente. Es posible que algunas de los vacíos en materia de protección social se cubran con el cambio de gobierno, cosa que deseamos pero que está por verse. Aun así y desafortunadamente, seguirá existiendo una parte de la población que quedará rezagada y requerirá una intervención más intensiva e integral, respecto a la cual creemos deben las administraciones públicas y organizaciones del tercer sector actuar coordinadamente, siendo un aspecto fundamental garantizar el derecho al trabajo para todas las personas. “Somos lo que hacemos”. 

(*) Abogada, Doctora en Sociología.  Gerente y Coordinadora de Proyectos del Paris 365.