El 2015 se presenta
como un año de cambios. Cambio de partidos en el gobierno, tanto en Navarra
como en el Ayuntamiento de Pamplona, que a tenor del acuerdo programático que
sustentan tales gobiernos, puede suponer también un cambio en lo social. Aunque
es pronto para hacer valoraciones, creemos pertinente hacer una reflexión sobre
lo que esos posibles cambios suponen para las personas y familias empobrecidas,
en riesgo o situación de exclusión social, que actualmente atienden
organizaciones como la nuestra y nuestro papel en este nuevo contexto.
En primer lugar y
por el impacto que puede tener en un porcentaje importante de la población,
está la reforma de la Renta de Inclusión Social (RIS), antigua Renta Básica,
para ampliar su cobertura. Esta reforma, anunciada como medida urgente y que
está en espera de iniciar su tramitación, modificaría ciertos requisitos de
acceso y de mantenimiento de la misma, de forma que una parte de la población
actualmente excluida podría percibirla y sin que se viera menguada su importe
por el paso del tiempo. Es de esperar que una parte de la población que
actualmente atendemos, ya no requiera nuestra intervención porque estaría
cubierta por la RIS. No obstante, la cuestión es más compleja, porque aunque la
ayuda se equipare al Salario Mínimo Interprofesional y se incremente hasta un
tope según número de miembros que componen la unidad familiar, dado el coste de
vida en Navarra esta población seguirá teniendo problemas para cubrir
adecuadamente sus necesidades, sino van acompañadas de otras ayudas económicas
e intervención social. Evidentemente, aunque se amplíe su cobertura, quedará
una franja de la población sin acceder a ella, ya que no es de carácter
universal y vista la situación en otros países, nos encontramos frente a la
llegada constante de personas refugiadas económicas o de carácter humanitario.
En segundo lugar y
tan importante como el primer aspecto son las cuestiones relacionadas con el
mercado laboral. Si bien la legislación laboral es de carácter estatal y parece
que estamos sometidos a condicionantes macroeconómicos que lo determinan todo,
creemos que en Navarra hay margen de maniobra para que se cree empleo y que
este sea de calidad. En ese sentido, nos preocupa que el acento se ponga sólo
en las ayudas sociales y no en el empleo, por varias razones. Primero porque la
“normalización” de la situación de las personas pasa porque tengan un empleo de
calidad, segunda, porque se puede haber un efecto perverso en el cual
potenciemos una sociedad dual, en la que hay personas que trabajan y otras que
sólo tienen la posibilidad de vivir de las ayudas aunque deseen y puedan
trabajar, y tercera, porque, nos encontramos ya
ante una clase trabajadora empobrecida, que legítimamente podría
reclamar esa ayuda social, pero que si le concede, terminaría generándose el
efecto perverso de que con dinero público se termine potenciando dicha
precariedad.
Sólo estos dos
aspectos dan cuenta de la complejidad de la situación, que a nuestro modo de
ver requiere que haya un cambio de modelo que vaya más allá de una determinada
ayuda o de incentivos para el empleo. Con la creación de una Vicepresidencia de
Derechos Sociales que incluye tanto políticas sociales como empleo y vivienda
se advierte, al menos, la intención de abordar estas cuestiones con una visión
de conjunto y de futuro. No obstante, esa intención deberá plasmarse en unas
políticas y acciones claras en esa dirección, además de medios humanos,
técnicos y económicos que esperamos ver reflejados en los próximos presupuestos,
de lo contrario sería una quimera.
En este
contexto nos preguntamos, cuál es el
papel de las organizaciones como el Paris 365?, seguimos creyendo que los
gobiernos no pueden eludir su responsabilidad de proveer a la sociedad de
servicios públicos de calidad (salud, educación, vivienda, servicios sociales,
culturales …) y de legislar o hacer otro tipo de intervención para garantizar
el bienestar social de toda la población que reside en su territorio. Sin
embargo, esto no significa que la sociedad civil no se implique en la solución
de los problemas sociales. En nuestro caso, llevamos casi siete años actuando,
en la medida de nuestras posibilidades, allí donde los poderes públicos no
habían llegado o lo hacían insuficientemente. Es posible que algunas de los
vacíos en materia de protección social se cubran con el cambio de gobierno, cosa
que deseamos pero que está por verse. Aun así y desafortunadamente, seguirá
existiendo una parte de la población que quedará rezagada y requerirá una
intervención más intensiva e integral, respecto a la cual creemos deben las
administraciones públicas y organizaciones del tercer sector actuar
coordinadamente, siendo un aspecto fundamental garantizar el derecho al trabajo
para todas las personas. “Somos lo
que hacemos”.
(*) Abogada, Doctora en Sociología. Gerente y Coordinadora de Proyectos del Paris 365.
(*) Abogada, Doctora en Sociología. Gerente y Coordinadora de Proyectos del Paris 365.